La empresa pública, un cortijo sindical

La huelga salvaje convocada en el Metro madrileño escenifica la aplicada dedicación con que los sindicatos en las empresas públicas se afanan por preservar auténticos pesebres alimentados con el dinero de todos, tomando sistemáticamente a los ciudadanos, siempre los grandes perjudicados, como rehenes de las demandas sectoriales.
En estos reductos de poder, no tienen empacho alguno en practicar lo contrario de lo que predican. Hablan de solidaridad pero sólo se movilizan ante rebajas en los emolumentos de estos colectivos favorecidos, mientras muestran comprensión ante los drásticos ajustes operados en el sector privado y mutismo respecto a los parados. Hablan de fomentar el empleo, pero su primordial objetivo es transformar estas entidades públicas en lanzaderas de jugosas prejubilaciones. Hablan de igualdad, pero se han guardado de denunciar los escandalosos salarios de los controladores de AENA, mientras reprochan al gobernador del Banco de España un salario por cierto inferior al de bastantes mediocres que se emboscan en sociedades de la órbita del Estado. Hablan de preservar servicios públicos esenciales mientras los socavan con convenios plagados de privilegios que impiden asegurar su sostenibilidad a un coste razonable.
Hablan de cambiar de modelo productivo pero sólo están atentos a implantar la ineficiencia y el despilfarro allí donde pueden ¿Cómo si no explicar incrementos anuales de la masa salarial media superiores al 10% en empresas públicas ampliamente deficitarias, a base de deslizamientos y reclasificaciones ficticias de categorías laborales? Pero no toda la culpa es suya. En esta labor de zapa han contado con la actitud timorata de gestores más atentos a preservar la denominada “paz social” y el cargo, y con responsables políticos que han preferido ponerse de perfil con tal de evitar conflictos. Por eso la firmeza del gabinete de Esperanza Aguirre ante la huelga del metro constituye una saludable muestra de responsabilidad política y de defensa del interés colectivo. Subraya más la diferencia con la graciosa concesión de Zapatero a los sindicatos de dejar expresamente fuera del decretazo a Renfe, ADIF y AENA, y de no aplicarlo en la práctica ni siquiera a las empresas con cuantiosas pérdidas o apabullantes subvenciones de explotación como Hunosa. Pero no basta con resistir la coacción y aplicar medidas contundentes de no respetarse los servicios mínimos.
Resulta urgente plantearse una amplia privatización de las empresas de servicios públicos, mediante fórmulas de partenariado como las que se aplicaron hace una década en el transporte londinense que combinen la eficiencia y recursos financieros aportados por los socios privados con la preservación del interés general. La experiencia demuestra que empresas ruinosas cuando operaban en la órbita pública demuestran ser de las más competitivas al transferirse su gestión a la iniciativa privada. El fin del cortijo sindical tiene mucho que ver en ello.
Fuente: expansion